Informes Especiales

Un comienzo de año ‘incómodo’ para Colombia

Foto: tomada de la página de Facebook Colectivo Desde el 12.

Foto: tomada de la página de Facebook Colectivo Desde el 12.

Las recientes y numerosas movilizaciones sociales que han protagonizado diversos sectores del país en estos primeros meses del año, han avivado la reflexión de los colombianos. 

Por un lado, los ciudadanos ven con beneplácito las exigencias de cafeteros, camioneros y cacaoteros y, por el otro, sienten preocupación frente a estas problemáticas nacionales, que a estas alturas de la historia colombiana podrían calificarse como endémicas.

En su discurso de posesión el 7 de agosto de 2010, el presidente Juan Manuel Santos invitó a los colombianos a defender a sus campesinos, “vamos a convertirlos en empresarios, a apoyarlos con tecnología y créditos, para hacer de cada campesino un próspero Juan Valdez”. Lo cierto es que este último personaje es y ha sido lo menos parecido a un campesino de este país.

El ex ministro de agricultura, Gabriel Rosas Vegas, señaló en el foro “El agro: ¿la locomotora del desarrollo económico y social colombiano?”, cómo en los últimos 20 años la apertura de los 90 y la reciente implementación de los Tratados de Libre Comercio firmados con Estados Unidos, la Unión Europea y otras potencias, desembocó en un pobre desempeño de la agricultura: “por un lado el área cosechada ha sufrido una caída del 25%; el producto se ha estancado; y la productividad ha estado prácticamente estática”. A lo anterior es importante sumarle las condiciones de pobreza y desigualdad en las zonas rurales del país. Con estas condiciones es muy difícil esperar que los deseos del presidente Santos se cumplan y que el campesino colombiano pueda llegar a ser “un próspero Juan Valdez”.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro) afirmó este año que “la crisis que existe hoy en el sector agropecuario en Colombia está llevando a crear problemas de la pérdida de un gran porcentaje de empleos, la pérdida de garantías y derechos sociales y laborales de los trabajadores, y las políticas del Gobierno Nacional, no están definidas para garantizar la estabilidad social en el sector agropecuario”.

Esta crisis comenzó a hacerse latente con las protestas que en los primeros meses del año han encabezado diferentes sectores del agro. La declaratoria de paro del Movimiento por la Dignidad Cafetera y la unión del sector cacaotero de Colombia hicieron manifiesta la situación.

Desde el 25 de febrero hasta el 8 de marzo cien mil cafeteros del país bloquearon las principales vías de casi 8 departamentos. La revaluación, que según el senador Jorge Robledo le quita a los cafeteros “el 40 por ciento del precio de venta de su café en dólares y está destruyendo la totalidad de la industria y el agro nacional”, llevó a este  sector a plantear sus exigencias.

Los cacaoteros, que también comenzaron su protesta el 25 de febrero motivados por las importaciones de cacao que les tumban sus precios, reanudaron sus actividades el 5 de marzo, tras acordar con el gobierno el incremento en $400 por kilo al subsidio de su producción. Pero mientras los cacaoteros daban por terminado el paro, los camioneros del país comenzaron a bloquear 16 vías nacionales movidos por el incremento de $159 en el precio del Acpm. Cuatro días después lograron que el gobierno se comprometiera a congelar el precio del combustible por los próximos tres meses.

Una situación similar ocurrió con el Movimiento por la Dignidad Arrocera, que tras la finalización del paro de los cafeteros determinó declarar el cede de actividades de este sector para el próximo 19 de marzo.

A este panorama de luchas sociales que han tenido lugar en el país durante estos primeros meses del año, se le suman las manifestaciones de otros sectores que lo hacen más complejo y variado.

Algunas fracciones del sindicato de Asonal Judicial han contemplado reanudar en dos ocasiones el cese de actividades en lo que va corrido de 2013. El incumplimiento del gobierno para expedir los decretos de nivelación salarial fue la razón que los motivó.  Primero lo anunciaron para el 21 de enero y recientemente para el 8 de marzo, pese a los  55 días de paro en los que estuvieron el año pasado. Tras la última alerta lanzada el 5 de marzo, el gobierno les salió al paso y expidió los decretos exigidos al día siguiente, lo que terminó con las intenciones de reanudar el paro.

La situación de la salud, una de las problemáticas más complejas que afronta el país, también ha estado latente en la opinión pública. El anuncio del presidente Santos y su gabinete sobre el proyecto de reforma a la salud que presentará al Congreso en las próximas semanas, desató una serie de marchas por la protección a este derecho, que tuvieron lugar en ciudades como Bogotá, Medellín, Pereira y Manizales y que reunieron a más de 4000 personas.

Otro de los sectores que ha encanado una defensa constante de sus derechos es el gremio de los educadores. Este año, las distintas agremiaciones del país integrantes de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) se reunieron en la XIX Asamblea General Federal los días 4, 5, 6 y 7 de marzo en la ciudad de Paipa, para determinar la declaratoria de un paro nacional, debido a la indiferencia del gobierno sobre sus peticiones para que cese la privatización de la educación y se entregue una solución inmediata a los problemas del magisterio, como la baja calidad en los servicios de salud para los educadores, el pago de la prima de vida cara y el hacinamiento en las aulas. Finalizada la Asamblea se determinó un pliego de peticiones que será entregado al Ministerio de Educación y que de no ser atendido con prontitud llevará a 330.000 maestros del país a cesar sus actividades a partir del 20 de marzo.

Hernando Gómez Buendía afirmaba en un artículo para elmalpensante.com sobre la “debilidad de la izquierda colombiana”, que “la frecuencia y la fuerza relativa de las movilizaciones ciudadanas son bastante menores en Colombia de lo que son en otros países de América Latina”. Sin embargo, esta tendencia histórica ha venido cambiado en la última década. Según un informe del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), “entre 1958 y 1974, la media anual de luchas sociales fue de 173 (Archila, 2003: 347); entre 1975 y 1990 ésta asciende a 476; entre 1991 y 2001 desciende ligeramente a 429. Pero entre 2002 y 2008 se aprecia un considerable aumento, llegando a una media de 643 luchas sociales por año”.

Faltando poco para cumplirse tres años del mandato de Juan Manuel Santos, no hay estudios que evalúen la situación de las protestas sociales durante su gobierno. Lo cierto es que los acontecimientos de los últimos meses de 2012 y de los primeros de este 2013, han hecho que muchos comiencen a pronosticar un año de gran movimiento y consciencia social para el país.

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