Informes Especiales

Las deudas de los ‘falsos positivos’

Ahí tiene su positivo.El 17 de junio de 2013 se aprobó en el Congreso de la República de Colombia la controvertida Reforma al Fuero Penal Militar. 103 congresistas votaron a favor de la ampliación de la ley pese a las cuatro demandas que tiene en curso y a la preocupación de los defensores de derechos humanos y de las familias de las víctimas por el futuro jurídico de los ‘falsos positivos’.

El primer registro que se tiene de un ‘falso positivo’, según los informes del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), se presentó en 1984 en Jardín, Antioquia, con el secuestro, tortura y la ejecución extrajudicial por parte del Ejército Nacional de Luis Fernando Lalinde, un joven sociólogo que no pudo librarse del afán de la fuerza pública por presentar ‘resultados positivos’ en la guerra contrainsurgente. En 2006, después de doce años de incansables intentos y trámites de su familia por encontrar la verdad y exigir justicia, su cuerpo fue identificado en Riosucio, Caldas, luego de comprobarse que había sido enterrado como un supuesto guerrillero dado de baja tras un intento de fuga.

La historia de Luis Fernando Lalinde la comparten las familias de las 1.793 víctimas de ‘falsos positivos’ en el país que registra el CINEP. Los Lalinde lograron como pocos acceder a la verdad, pero continúan a la espera de encontrar justicia. La preocupación de las víctimas con la Reforma al Fuero Penal Militar es que los casos de ‘falsos positivos’ que están en la justicia ordinaria sean transferidos a la justicia penal militar. De suceder, se teme que la tasa de impunidad de los asesinatos atribuidos a las fuerzas de seguridad del Estado que está en 98,5% sea total.

La conducta denominada ‘falso positivo’ no está tipificada como delito en el actual Código Penal. Sin embargo, la expresión se introdujo en el lenguaje corriente para designar las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército que se empezaron a conocer en 2008, después del escándalo de los 19 jóvenes desaparecidos de Soacha y de Simón Bolívar, Cundinamarca, que fueron reportados como guerrilleros abatidos en Ocaña, Norte de Santander.

Las presiones de la opinión pública y el incremento de las denuncias por ‘falsos positivos’ después de la conmoción que desató el caso de los jóvenes de Soacha, le permitieron a organizaciones de derechos humanos conocer el modo procedimental de los militares, a quienes se les atribuye la mayoría de ejecuciones extrajudiciales en connivencia muchas veces con los paramilitares.

Según Byron Góngora, abogado de la Corporación Jurdíca Libertad, las víctimas tienen diferentes caracterizaciones. “En un primer momento el Ejército comenzó a realizar estas ejecuciones con campesinos, muchos de ellos líderes comunitarios, pero luego seleccionaron vendedores ambulantes, drogadictos e incluso personas con problemas mentales; el requisito principal consistió en que las víctimas no tuvieran un vínculo social y familiar fuerte para evitar que los dolientes trataran de esclarecer los hechos”.

Góngora también menciona la existencia de un ‘Kit de falso positivo’, que consistía en un camuflado para uniformar a las víctimas, brazaletes subversivos, un arma, municiones y explosivos, que justificaran la muerte en combate del supuesto guerrillero.

Pero los ‘falsos positivos’ -resultado de la degradación de un conflicto tan prolongado como el colombiano-, también se perpetraron desde la Policía Nacional. Un caso polémico y representativo es el de Diego Felipe Becerra, el grafitero de 16 años asesinado por el patrullero de la Policía Wilmer Antonio Alarcón, el 19 de agosto de 2011 en Bogotá. Diego Felipe recibió un disparo por la espalda y fue presentado como el atracador de una buseta abatido por la Policía mientras huía.

El pasado 11 de junio el fiscal general Eduardo Montealegre afirmó que hubo manipulación y alteración de la escena del crimen, razón por la que declaró la muerte del joven grafitero como un “falso positivo urbano de la Policía”. A este caso se le suman las cientos de detenciones arbitrarias por parte de miembros de la Policía a personas inocentes, después de haberles hecho un montaje por porte o venta de estupefacientes, tenencia de armas o supuestos nexos con la guerrilla u otros grupos al margen de la ley, con el mismo propósito de presentar ‘positivos’ en la famosa lucha contra la criminalidad.

En el informe Colombia, Deuda con la humanidad 2: 23 años de falsos positivos (1988-2011), publicado por el CINEP en 2011, Philip Alston, el entonces Relator de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, afirma: “si bien los así llamados ‘falsos positivos’ no fueron asumidos como objeto de una política de estado, tampoco ocurrieron como casos aislados […] Se dieron porque las unidades militares se sintieron presionadas a mostrar resultados exitosos contra las guerrillas mediante el número de muertos. Ha habido incentivos: un sistema informal de incentivos para que los soldados maten”.

Uno de esos incentivos a los que se refiere Alston fue la Directiva Ministerial N.29 de 2005, elaborada por Camilo Ospina cuando era Ministro de Defensa en el marco de la Política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez. El documento, que patrocinó la mentalidad del “body count” o conteo de bajas del enemigo para los oficiales del Ejército que buscaban ascender, tuvo carácter secreto hasta 2008, cuando se destapó el escándalo.

En diciembre de 2012 el presidente Juan Manuel Santos aseguró que no hubo ni una sola denuncia por ‘falsos positivos’ en el año. Sin embargo, el informe de mayo de 2013 del CINEP demuestra que hubo 52 víctimas. Este capítulo del conflicto colombiano está muy lejos cerrarse. Cada año se conocen nuevas denuncias sobre esta conducta delictiva y lo más preocupante es la impunidad que prevalece en la judicialización de estos casos.

Las familias de las víctimas de los ‘falsos positivos’ están a la espera de que la Corte Constitucional rechace la Reforma al Fuero Penal Militar y en su lugar decrete, como hace 15 años, que los militares deben responder por las violaciones a los derechos humanos ante la Fiscalía. Esa es la única esperanza de justicia que les queda.

Ver línea de tiempo que contradice al presidente Juan Manuel Santos cuando aseguró que no hubo denuncias por ‘falsos positivos’ en 2012. Están consignados los 20 casos y las 52 víctimas que registró el CINEP en mayo de 2013.

Casos de Falsos Positivos durante 2012

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s